RPPJ — Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

La RPPJ es la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile, esto es, la posibilidad de que una empresa, fundación, corporación, asociación, sociedad civil o comercial sea perseguida y sancionada penalmente —de forma autónoma respecto de sus directores y empleados— por la comisión de ciertos delitos en su interés o provecho. Fue introducida por la Ley N° 20.393 de 2009 y profundamente expandida por la Ley N° 21.595 de 2023 sobre Delitos Económicos y Medioambientales.

El régimen central es la Ley N° 20.393, que define los delitos base, los requisitos para imputar responsabilidad a la persona jurídica, las sanciones aplicables, y el Modelo de Prevención de Delitos como herramienta de defensa. La Ley N° 21.595 de Delitos Económicos amplió de manera significativa el catálogo de delitos imputables a la persona jurídica (de un puñado a cientos de tipos penales) y rediseñó el sistema de sanciones. Ambas leyes operan de manera coordinada y deben leerse en conjunto al diseñar un programa de cumplimiento.

La Ley 21.595 amplió radicalmente el ámbito de la RPPJ. Donde la Ley 20.393 original imputaba a la persona jurídica solo unos pocos delitos (cohecho, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, receptación), la Ley 21.595 incorporó un catálogo extenso de delitos económicos y medioambientales —incluyendo delitos tributarios, contra la libre competencia, contra el mercado de valores, contra la administración pública, ambientales y otros— como hechos generadores de responsabilidad penal corporativa. También reordenó las sanciones, fortaleció las medidas accesorias y refinó las exigencias del Modelo de Prevención de Delitos.

Pueden ser responsables penalmente las personas jurídicas de derecho privado (sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, EIRL, SpA, sociedades por acciones, corporaciones, fundaciones, asociaciones, ONG) y, en ciertos supuestos, también empresas públicas. La responsabilidad se activa cuando el delito es cometido en interés o provecho de la persona jurídica por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión, o por personas naturales que estén bajo dirección o supervisión de los anteriores.

El Modelo de Prevención de Delitos (MPD) es el sistema interno de gestión, supervisión y control que una persona jurídica adopta para prevenir la comisión de los delitos que generan RPPJ. La Ley 20.393 lo regula como el principal mecanismo de defensa: si la persona jurídica acreditaba que adoptó e implementó modelos de organización, administración y supervisión para prevenir delitos como los cometidos, puede eximirse o atenuar su responsabilidad. El MPD debe contar con un encargado de prevención, identificación de actividades de riesgo, protocolos y procedimientos, sistemas de denuncia, sanciones administrativas internas, y supervisión periódica.

Las sanciones incluyen multa a beneficio fiscal (con un sistema graduado según gravedad y capacidad económica), disolución o cancelación de la personalidad jurídica, prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, pérdida parcial o total de beneficios fiscales, publicación de un extracto de la sentencia, comiso, y supervisión por una persona o entidad independiente. La Ley 21.595 reordenó este catálogo y reforzó el sistema de medidas accesorias, sumando exigencias de implementación efectiva del Modelo de Prevención como condición de atenuación.