EU AI Act: obligaciones de alto riesgo
Entran en vigor las obligaciones aplicables a los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo bajo el Reglamento (UE) 2024/1689. Alcanza a exportadores chilenos y a filiales de matrices europeas.
El uso de inteligencia artificial en la empresa activa obligaciones bajo la Ley 21.719 de protección de datos personales, la Ley 21.663 marco de ciberseguridad y la Ley 21.595 de delitos económicos. A nivel internacional, el Reglamento (UE) 2024/1689 (EU AI Act) alcanza a exportadores chilenos y a filiales de matrices europeas, y el CLOUD Act estadounidense incide sobre los proveedores con sede en Estados Unidos. El proyecto de Ley de IA en Chile se tramita en el Senado con un enfoque basado en riesgo.
Caso aplicado: cómo implementar IA en su empresa bajo la Ley 21.719 →
Esta página reúne análisis general sobre las implicancias legales del uso de inteligencia artificial dentro de una empresa chilena. El contenido es educativo e ilustrativo, basado en la Ley 21.719, la Ley 21.663, la Ley 21.595 y normativa internacional aplicable, y no constituye asesoría legal sobre un caso particular. Cada implementación exige revisión específica de contratos, flujos de datos, evaluación de impacto y matriz de riesgo. Para una evaluación aplicada a su organización, contacte al estudio.
Cuatro estándares de gobernanza que estructuran el deber de cuidado del directorio frente al uso de inteligencia artificial dentro de la empresa.
Toda decisión con efecto jurídico o impacto significativo sobre las personas debe poder ser revisada por un funcionario competente, dentro de un plazo razonable y con acceso a los antecedentes que sustentaron el resultado del sistema.
El responsable del tratamiento responde frente al titular, frente a la autoridad y frente al directorio. Designar al responsable es un acto formal, no una atribución implícita.
El titular tiene derecho a conocer la lógica del sistema, las categorías de datos involucradas y las consecuencias del tratamiento. La documentación interna debe permitir reproducir y auditar la decisión.
El programa de cumplimiento debe identificar sesgos por género, edad, origen y otras categorías protegidas, definir métricas de monitoreo y establecer un procedimiento de corrección documentado.
Una sola implementación de inteligencia artificial activa obligaciones bajo varias normativas. Esta sección agrupa los seis frentes que conviven en la agenda del directorio chileno.
El directorio responde por el uso de inteligencia artificial dentro de la sociedad. Deber de cuidado, supervisión, política interna, designación de responsables y reporte a comités y auditoría externa.
Ver CorporativoDerecho del titular a no quedar sujeto a decisiones únicamente automatizadas con efecto jurídico o significativo, derecho a explicación, perfilamiento, evaluación de impacto, designación de delegado y registro de actividades de tratamiento.
Ver Ley 21.719Operadores de importancia vital y servicios esenciales bajo el marco de ciberseguridad. Endurecimiento del modelo de amenazas cuando la organización utiliza inteligencia artificial: deepfakes, prompt injection, exfiltración por canal de modelo y dependencia de proveedores extranjeros.
Ver Ley 21.663La Ley 21.595 incorpora los delitos informáticos de la Ley 21.459 como delitos económicos de segunda categoría. El uso de IA como instrumento del delito, o como objeto de la conducta delictiva, exige actualizar el modelo de prevención de delitos.
Ver Ley 21.595El uso de inteligencia artificial en marketing, recursos humanos, atención al cliente y comunicaciones corporativas plantea obligaciones de información al consumidor, prohibición de AI washing y reporte ante CMF y SERNAC cuando corresponda.
Ver ComplianceLas empresas chilenas que utilizan proveedores de IA con sede en Estados Unidos o que exportan a la Unión Europea quedan expuestas al Reglamento (UE) 2024/1689 y al CLOUD Act. El proyecto de Ley de IA en Chile avanza con enfoque basado en riesgo.
Ver Transferencias InternacionalesLa Ley 21.719 reconoce derechos específicos cuando una decisión proviene total o parcialmente de un sistema automatizado. La empresa debe diseñar el flujo para honrarlos sin fricción.
El titular puede oponerse a quedar sujeto a una decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado que produzca efectos jurídicos o lo afecte significativamente.
El titular tiene derecho a recibir información significativa sobre la lógica aplicada, las categorías de datos involucradas y las consecuencias previstas del tratamiento.
Cuando una decisión automatizada se mantiene, el titular puede solicitar la intervención de una persona competente, expresar su punto de vista e impugnar la decisión.
El titular puede oponerse, en cualquier momento, al tratamiento de sus datos con fines de elaboración de perfiles, salvo causales legales que justifiquen continuar.
Tres relojes que las empresas chilenas deben sincronizar.
Entran en vigor las obligaciones aplicables a los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo bajo el Reglamento (UE) 2024/1689. Alcanza a exportadores chilenos y a filiales de matrices europeas.
La Ley 21.719 sobre protección de datos personales entra en plena vigencia. Quedan exigibles las obligaciones del responsable, los derechos del titular frente a decisiones automatizadas, la designación del delegado y la actuación de la Agencia de Protección de Datos Personales.
El Senado discute un proyecto de ley con enfoque basado en riesgo, próximo al modelo europeo. Las empresas deberían iniciar el levantamiento de sistemas de IA y la clasificación por nivel de riesgo antes de su aprobación.
Sanciones máximas declaradas por la normativa aplicable hoy a un uso de inteligencia artificial en la empresa.
El marco normativo aplicable al uso de inteligencia artificial en la empresa se estructura en obligaciones materiales del responsable, plazos legales acotados y riesgos sancionatorios bajo la Ley 21.719, la Ley 21.595, la Ley 21.663 y el Reglamento (UE) 2024/1689.
El directorio responde por el deber de cuidado y por la supervisión efectiva del uso de IA dentro de la sociedad. Esto se traduce en política interna, designación de responsables, evaluación de impacto, reporte al comité de auditoría y revisión periódica de los proveedores. La omisión puede generar responsabilidad civil, penal corporativa y administrativa.
La Ley 21.719 reconoce el derecho del titular a no quedar sujeto a decisiones basadas únicamente en tratamientos automatizados con efectos jurídicos o significativos, así como el derecho a explicación, a revisión humana y a oponerse al perfilamiento. El responsable debe diseñar el flujo de la decisión para permitir el ejercicio de estos derechos sin fricción y debe documentarlo.
Los operadores de importancia vital y los servicios esenciales quedan sujetos a obligaciones reforzadas de gestión de riesgos, reporte y continuidad. El uso de IA endurece el modelo de amenazas: deepfakes, prompt injection, exfiltración por canal de modelo y dependencia de proveedores extranjeros. El programa debe identificar estos vectores y definir controles compensatorios.
La Ley 21.595, en su artículo 2 numeral 20, incorpora los delitos informáticos de la Ley 21.459 como delitos económicos de segunda categoría cuando se cometen en ejercicio de un cargo o en beneficio de la empresa. El uso de IA como instrumento de un delito informático activa el modelo de prevención de delitos del artículo 4 de la Ley 20.393. El directorio debe actualizar la matriz de riesgos.
Las empresas chilenas deben informar al consumidor cuando una decisión proviene de un sistema automatizado, evitar afirmaciones publicitarias sin sustento sobre las capacidades del sistema (AI washing) y reportar ante la Comisión para el Mercado Financiero y el Servicio Nacional del Consumidor cuando la normativa sectorial lo exige. El estándar mínimo combina la Ley 21.719, la Ley del Consumidor y las normas de comunicación corporativa.
El Reglamento (UE) 2024/1689 (EU AI Act) alcanza a exportadores chilenos y a filiales de matrices europeas, con obligaciones reforzadas para sistemas de alto riesgo desde el 2 de agosto de 2026. El CLOUD Act estadounidense permite a las autoridades requerir información a proveedores de IA con sede en Estados Unidos, lo que genera tensiones con la Ley 21.719. El proyecto de Ley de IA en Chile avanza en el Senado con un enfoque basado en riesgo.
Las áreas de práctica y los análisis regulatorios que se cruzan con la inteligencia artificial en la empresa.
Marco contractual, evaluación de impacto y arquitectura técnica aplicados al despliegue de Claude y ChatGPT en una organización chilena.
Derechos del titular, decisiones automatizadas y obligaciones del responsable del tratamiento.
Modelo de prevención de delitos y delitos informáticos como categoría económica de segunda categoría.
Operadores de importancia vital, gestión de incidentes y reporte ante la ANCI.
Deber de cuidado del directorio, gobernanza y reporte al comité de auditoría.
Cláusulas de IA en startups, due diligence técnica y propiedad intelectual del modelo.
Due diligence con IA, riesgos de proveedores y cláusulas de transición tecnológica.
Metodología del artículo 15 quinquies para tratamientos de alto riesgo, incluido el uso sistemático de inteligencia artificial.
Designación, funciones y régimen de independencia del delegado bajo la Ley 21.719, con foco en sistemas que tratan datos personales mediante IA.
Acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y el derecho a no quedar sujeto a decisiones únicamente automatizadas.
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