Ley de Reconstrucción: qué contiene y qué decisiones abre para su empresa

El 4 de agosto de 2026 el Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta y el Congreso despachó la ley al Ejecutivo. Siguieron los vetos, el Tribunal Constitucional y la promulgación, y la publicación del 17 de octubre de 2026 fijó el inicio de todos los plazos de la ley.

• El último punto pendiente era la compensación a los municipios por la exención de contribuciones: la Tesorería cubrirá el menor ingreso. El texto despachado sujetaba cada transferencia a que la municipalidad hubiera entregado íntegra y oportunamente la información mensual que exige el artículo 70 de la Ley N° 21.306, y a que acreditara cada año, al 15 de abril, una reducción de al menos 30% en el plazo promedio de tramitación de los permisos municipales respecto del promedio 2023-2025. La Cámara aprobó el informe el 22 de julio y el Senado lo ratificó el 4 de agosto (27-22), con lo que la reforma quedó despachada del Congreso. En la sentencia de control preventivo del 2 de octubre, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales ambas condiciones y ordenó eliminarlas, de modo que la transferencia ya no queda sujeta a ellas.
• El 5 de agosto de 2026 el Ejecutivo presentó tres vetos supresivos: sobre el anatocismo, el derecho al olvido financiero y el artículo 40, que prohibía pactar plazos de pago de facturas superiores a 30 días y acortaba los plazos de pago del Estado. La Cámara aprobó los tres el lunes 10 de agosto (75 contra 59 el anatocismo, 75 contra 58 el olvido financiero y 74 contra 50 el pago a 30 días) y el Senado hizo lo mismo el miércoles 12 (24 contra 18, 23 contra 15 y 20 contra 17 en segunda votación). Con ambas aprobaciones, las tres normas quedaron definitivamente fuera del texto final.
• La oposición presentó tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional contra varias normas del proyecto, entre ellas la invariabilidad tributaria (artículos 29 y 38) y la indemnización por la anulación judicial de una resolución de calificación ambiental, o RCA (artículos 12 y 13). El Tribunal acumuló las causas (Roles 17.828, 17.829 y 17.832-26-CPT), oyó a 64 organizaciones en la audiencia pública del 12 de agosto, escuchó los alegatos y adoptó acuerdo el 13, y dictó sentencia el 26 de agosto, acogiendo los requerimientos solo en parte. Declaró inconstitucionales los artículos 12 y 13, partes de los artículos 5 y 11 y cuatro elementos del artículo 29, y validó el núcleo de la invariabilidad tributaria con el voto dirimente de la presidenta del Tribunal. Las normas orgánicas constitucionales pasaron además por control preventivo obligatorio.
• El Ejecutivo presentó su propio requerimiento el 8 de agosto, contra el artículo 31 sobre reconexión gratuita de servicios básicos en zonas de catástrofe. El Tribunal adoptó acuerdo el 25 de agosto y, por sentencia de 2 de septiembre, lo rechazó por nueve votos contra uno: la norma quedó firme. Las distribuidoras deberán reconectar gratis a los usuarios residenciales y a las micro, pequeñas y medianas empresas desconectados por no pago (luz y gas en 48 horas, agua en 24, desde la solicitud).
• El 2 de octubre de 2026 el Tribunal Constitucional dictó la sentencia de control preventivo de las normas orgánicas (Rol 17.917-26-CPR), con lo que concluyó su revisión. Ordenó eliminar tres grupos de normas por inconstitucionales: el artículo 12, que permitía al titular de la RCA anulada y al Ministerio de Hacienda reclamar ante la Corte de Apelaciones de Santiago del monto de la indemnización fijado por el tribunal arbitral; los incisos cuarto y quinto del nuevo artículo 36 bis del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales (artículo 32 del proyecto), que sujetaban la transferencia de la compensación a dos requisitos; y el inciso sexto del artículo décimo séptimo transitorio, que eximía a las municipalidades, en 2027 y 2028, de aportar al Fondo Común Municipal el exceso de recaudación de patentes y tarifas de aseo morosas, hasta completar la menor recaudación de contribuciones. El Presidente promulgó la ley el 9 de octubre y el Diario Oficial la publicó el 17 de octubre de 2026 como Ley N° 21.850. Los beneficios con ventana nunca fueron impugnados y llegaron intactos al texto publicado.
• Con la publicación del 17 de octubre de 2026 cada ventana tiene fecha: el sustitutivo hasta el 17 de junio de 2027, las donaciones por un año desde el 1 de diciembre de 2026 y la regularización desde el 1 de enero de 2027, por doce meses. El plazo corre ahora contra el plan de cada empresa.

Esos plazos importan porque el corazón del paquete para los dueños son tres oportunidades por una sola vez.

Junto a las ventanas, la ley cambia la carga tributaria permanente del régimen general.

La Primera Categoría del régimen general (artículo 14 A) baja en tres escalones, con los PPM ajustándose en paralelo. Para el Régimen Pro Pyme del artículo 14 D sigue rigiendo la tasa transitoria de la Ley 21.755, y su tasa permanente baja de 25% a 23%.

El crédito se asigna por el año en que la utilidad se generó, no por el año del retiro. Las utilidades acumuladas hasta el cierre de 2026 conservan las reglas actuales aunque se retiren años después, y la ley ordena consumirlas primero. Esperar mejora entonces las utilidades futuras, no el stock histórico: para el stock, la herramienta es el sustitutivo de 10%. Desde el 1 de enero de 2027, además, el mayor valor en la venta de acciones con presencia bursátil deja el impuesto único de 10% y vuelve a ser ingreso no renta, y un nuevo crédito premia a los exportadores de servicios basados en conocimiento.

El detalle del cronograma, la mecánica del crédito y qué modelar antes de decidir en 2026 están en la página de la rebaja de Primera Categoría.

La ley no se agota en los impuestos: también reescribe reglas que tocan la operación diaria.

1. Franquicia SENCE baja a 0,7%

   La franquicia de capacitación baja de 1% a 0,7% de las remuneraciones, con un copago del empleador según la renta del trabajador: cobertura de hasta 80% para rentas de hasta 25 UTM, 50% entre 25 y 50 UTM y 15% sobre 50 UTM. El copago no se traslada al trabajador.

2. Condonación de deudas municipales

   Las deudas municipales (patentes, derechos y aseo de los 3 años anteriores a 2026) acceden a condonación total de intereses y multas, con solicitud dentro de 12 meses contados desde el 1 de diciembre de 2026. Ojo con el límite: el programa paralelo de Tesorería para impuestos fiscales, abierto por 180 días desde el 17 de octubre de 2026, aplica solo a personas naturales y a micro, pequeñas y medianas empresas.

3. IVA a la vivienda: exención de un año en la primera venta

   La primera venta de una vivienda con recepción definitiva de obras anterior al 17 de octubre de 2026 puede optar a una exención de IVA durante un año contado desde el 1 de diciembre de 2026. La escritura debe otorgarse dentro de ese año, o basarse en una promesa otorgada por escritura pública o instrumento privado protocolizado dentro de él, y debe mencionar expresamente la exención. El vendedor conserva el crédito fiscal del IVA soportado en la construcción. También pueden acogerse las ventas escrituradas con IVA pagado entre el ingreso del proyecto al Congreso (22 de abril de 2026) y el 1 de diciembre de 2026, si el vendedor restituye el impuesto al comprador y pide su devolución.

Tan importante como lo que la ley contiene es lo que quedó en el camino o pende todavía de una sentencia.

• La sala cuna universal fue eliminada del texto: la ley aprobada no contiene esa obligación ni ese beneficio.
• Tres artículos quedaron fuera del texto final por los vetos supresivos que el Congreso aprobó el 12 de agosto de 2026: la prohibición del anatocismo, el derecho al olvido financiero (eliminación de datos de deudas antiguas) y el artículo 40 sobre pago de facturas, que prohibía pactar plazos superiores a 30 días y, para los órganos del Estado, bajaba el plazo excepcional de pago de 60 a 45 días y fijaba la recepción conforme en 8 días corridos. Ninguna de estas reglas entrará en vigencia con esta ley.
• La invariabilidad tributaria para inversiones desde USD 50 millones sobrevivió al Tribunal Constitucional en su núcleo, con el voto dirimente de la presidenta del Tribunal, pero la sentencia de 26 de agosto de 2026 suprimió algunas de sus extensiones, entre ellas la facultad de Hacienda de extender el plazo de internación de capitales y las normas sobre proyectos conexos. Nuestra guía sobre los nuevos contratos de estabilidad tributaria examina el régimen completo para inversionistas.
• El derecho a indemnización por resoluciones de calificación ambiental (RCA) anuladas judicialmente y su procedimiento arbitral fueron declarados inconstitucionales y no forman parte de la ley. El texto publicado conserva, como artículos 12 y 13 y artículo décimo cuarto transitorio, normas sobre el reclamo del monto fijado por el tribunal arbitral, que remiten a ese régimen. La reforma más amplia de permisos y evaluación ambiental es un capítulo propio y se tratará en contenido aparte.

Las preguntas siguientes reúnen las dudas que surgen con más frecuencia cuando una empresa y sus dueños revisan el paquete.

Contenido informativo, actualizado a octubre de 2026. No constituye asesoría legal para un caso concreto.