Chile trae de vuelta los contratos de estabilidad tributaria: qué obtiene el inversionista desde USD 50 millones

Firma el Ministerio de Hacienda en representación del Estado, previo informe de InvestChile (la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera), que actúa como canal y plataforma del inversionista. Son elegibles los inversionistas extranjeros del artículo 3 de la Ley 20.848, el marco de inversión extranjera directa, que inviertan al menos USD 50 millones en proyectos mineros, industriales, forestales, de energía, infraestructura, telecomunicaciones, investigación y desarrollo tecnológico, o médicos y científicos. Los inversionistas locales acceden al mismo régimen en las mismas condiciones, excluidos sus impuestos personales. Firmar el contrato no aprueba el proyecto: los permisos, la evaluación ambiental y la regulación sectorial siguen las reglas comunes.

La inversión comprende tanto capital como deuda efectivamente materializada en el proyecto, con un límite duro: la deuda relacionada no puede superar tres veces el capital propio tributario de la empresa, o se pierde la estabilidad.

• La carga impositiva efectiva total a la renta sobre la inversión acogida, equivalente a las reglas vigentes a la fecha del contrato.
• El IVA y el régimen arancelario de la importación de bienes de capital, congelados mientras dure la materialización de la inversión pactada.
• Las interpretaciones del SII vigentes a la firma sobre depreciación, arrastre de pérdidas y gastos de puesta en marcha, más la autorización de contabilidad en moneda extranjera cuando se otorgue.
• En proyectos exportadores, las normas sobre el derecho a exportar libremente.
• En minería: el royalty de la Ley 21.591 tal como rige a la firma, inmunidad frente a nuevos tributos o cargas específicos a la minería, y el régimen de patentes mineras.

El congelamiento no es un escudo contra todo: las normas generales antielusión aplican íntegramente, y la estabilidad no puede usarse para reducir la tributación mediante estructuras sin sustancia económica.

• Un recargo de 1,5 puntos porcentuales sobre la tasa de Primera Categoría fijada en el contrato.
• Estados financieros anuales auditados, presentados trimestral y anualmente ante la CMF junto con una memoria de propiedad; incumplir la entrega hace caducar el régimen para la empresa y todos sus inversionistas.
• Contabilidad separada del proyecto acogido, con asignación de utilidades acordada con Hacienda al momento de la firma.
• Declaración al postular del impacto estimado en empleo, encadenamientos productivos y, cuando corresponda, un plan de relacionamiento territorial; las reorganizaciones empresariales deben informarse.
• Salida única: el inversionista puede renunciar una sola vez, en forma definitiva, y pasar al régimen común. La estabilidad se pierde por condena firme por delito tributario o por aplicación de las normas antielusión.

Las controversias sobre interpretación, aplicación, validez o terminación del contrato van primero a mediación ante InvestChile, compareciendo como parte el organismo estatal respectivo. Si la mediación fracasa, el inversionista puede exigir arbitraje, cuyos términos debe definir el contrato. La reserva importa: el arbitraje no alcanza las facultades legales de fiscalización, interpretación y liquidación del SII, que permanecen ante los tribunales ordinarios; mientras corre un arbitraje, se suspenden los plazos de prescripción vinculados.

El 13 de agosto de 2026 el Tribunal resolvió los requerimientos de la oposición y validó los contratos de estabilidad en sí. Según el acuerdo comunicado, suprimió la cláusula abierta de la lista de sectores, la facultad de Hacienda de extender el plazo de internación de capitales en circunstancias calificadas y la extensión de la estabilidad a proyectos conexos. La sentencia y el texto publicado en el Diario Oficial fijarán el perímetro exacto; mientras tanto, la planificación debe apoyarse en el núcleo descrito aquí y dar por eliminadas las extensiones suprimidas.

El congelamiento toma las reglas vigentes a la fecha del contrato, y la propia Ley de Reconstrucción rebaja la Primera Categoría gradualmente de 27% hacia 23% entre 2027 y 2029 (vea el cronograma de tasas). Firmar temprano compra certeza a una tasa de referencia más alta; esperar fija la tasa menor pero deja expuesto el intertanto. En la mayoría de los proyectos manda la fecha de puesta en marcha, porque el reloj de 10 a 20 años corre desde los primeros ingresos del giro. Este análisis pertenece a la estructura de entrada completa: forma societaria, mezcla de financiamiento frente al límite de deuda relacionada de 3 a 1, y el tratamiento tributario común de una empresa extranjera en Chile como línea base contra la cual se mide el contrato.