¿Qué impuestos paga una empresa extranjera en Chile?

El primer nivel es el Impuesto de Primera Categoría: 27% sobre la renta líquida imponible de la filial en el régimen general del artículo 14 letra A, o 25% para las empresas que califican en el Régimen Pro Pyme (artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta). Es un impuesto anual y cada peso pagado queda registrado como crédito futuro para los propietarios.

El segundo nivel es el Impuesto Adicional: 35% sobre las utilidades que se remesan o distribuyen a propietarios sin domicilio ni residencia en Chile (artículos 58 y siguientes). La filial lo retiene al momento de la remesa, sobre una base que reincorpora el crédito. El crédito nace del artículo 63: el Impuesto de Primera Categoría pagado sobre esas utilidades se imputa contra el Impuesto Adicional. En el régimen general, sin embargo, debe restituirse al fisco el 35% de ese crédito, salvo que la matriz resida en un país con convenio de doble tributación vigente cuyas reglas hagan imputable el impuesto corporativo. Esa sola frase del artículo 63 separa los dos escenarios siguientes.

Ambas columnas suponen una empresa gravada con 27% en el régimen general que distribuye toda su utilidad. Las distribuciones parciales y las empresas Pro Pyme cambian la aritmética, no la lógica. Con los niveles claros, la siguiente pregunta es qué retiene la filial sobre todo lo demás que paga a la matriz.

La mayoría de los cobros transfronterizos dentro de un grupo (honorarios de gestión, licencias, préstamos) cae en el artículo 59 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. El marco importa más que cualquier número aislado: la tasa varía según la naturaleza del pago, baja para categorías definidas y sube cuando el beneficiario está en un régimen fiscal preferencial. Estas son las categorías recurrentes para una matriz extranjera:

Dos advertencias prácticas. Primero, el deber de retener y sus sanciones recaen sobre la filial chilena, de modo que cada contrato intragrupo debe definir quién soporta el impuesto y a qué tasa antes de la primera factura. Segundo, los cobros intragrupo deben resistir además el examen de precios de transferencia (artículo 41 E): una retención bien aplicada sobre un precio que el fisco luego rechaza sigue siendo un problema. Los convenios reconfiguran varias de estas tasas, y ahí se ganan su lugar.

Chile mantiene una red extensa de convenios de doble tributación vigentes; el SII publica la lista actualizada. El convenio con Estados Unidos rige desde el 19 de diciembre de 2023 y se aplica desde el 1 de enero de 2024. Los convenios cumplen aquí dos funciones distintas. En intereses, regalías y servicios fijan topes a la retención interna: el convenio con Estados Unidos, por ejemplo, limita los intereses a 4% para bancos e instituciones financieras que califican y a 10% en los demás casos (15% durante un período de transición), y las regalías a 2% o 10% según su tipo. En los dividendos operan distinto: los convenios chilenos mantienen el Impuesto Adicional de 35% y aseguran, en cambio, el crédito completo por el impuesto corporativo descrito más arriba.

La segunda función de un convenio es trazar la línea del establecimiento permanente (EP): el punto en que una empresa extranjera pasa a tributar en Chile por sus utilidades aunque nunca haya constituido sociedad. La ley chilena tiene su propia definición (artículo 2 N° 12 de la Ley sobre Impuesto a la Renta) y cada convenio tiene otra en su artículo 5. Una presencia gravada en Chile surge típicamente de:

• Un lugar de negocios fijo o habitual: una oficina, sucursal, taller o cualquier lugar usado con regularidad para parte del negocio, incluso compartido.
• Un mandatario dependiente: alguien en Chile que habitualmente concluye contratos para la empresa extranjera o desempeña el rol principal que lleva a su conclusión.
• Proyectos y servicios prolongados: bajo el convenio con Estados Unidos, una obra de construcción o instalación de más de seis meses, o servicios prestados en Chile mediante trabajadores u otras personas por más de 183 días en cualquier período de doce meses. Varios convenios chilenos contienen cláusulas de servicios similares.
• Lo que no cuenta: las actividades meramente preparatorias o auxiliares, como almacenaje, exhibición o recolección de información, quedan excluidas tanto en la definición interna como en los convenios.

La consecuencia es relevante: un EP tributa en Chile sobre las utilidades netas que se le atribuyen, asume deberes de declaración locales y sus remesas al exterior soportan el Impuesto Adicional como cualquier agencia (artículo 58 N° 1). Las comisiones de servicio y los contratos de servicios prolongados merecen un plan de conteo de días antes de que el trabajo comience, no después. A veces el análisis zanja por sí solo el debate sobre operar sin sociedad: si el EP es inevitable, la decisión de vehículo suele ser más limpia que un EP accidental.

El IVA tiene una tasa única de 19% (artículo 14 del DL 825) sobre las ventas de bienes y los servicios, con las exenciones que la ley enumera, y grava también las importaciones. Es un impuesto mensual, basado en facturas, que parte con la primera venta de la filial. Los servicios digitales vendidos hacia Chile desde el exterior siguen su propia ruta: los proveedores sin domicilio en Chile quedan bajo un régimen simplificado de registro ante el SII (artículo 35 A del DL 825), sin necesidad de sociedad local. La guía de venta sin filial trata ese régimen en detalle.

Esta página cubre la economía de la entrada. Una vez que la filial opera, los deberes recurrentes (declaraciones mensuales, documentación, el marco de la Ley 21.713) pertenecen a la gobernanza tributaria continua, tratada en nuestra guía de cumplimiento tributario.