¿Se posterga la Ley de Datos a 2027? Qué pasa si mi empresa no cumple el 1 de diciembre de 2026

Sí, en cuanto se publique: el Congreso aprobó mover la vigencia al 15 de octubre de 2027. Hasta esa publicación, el 1 de diciembre de 2026 sigue siendo el día en que se hacen exigibles las modificaciones de la Ley 21.719 a la Ley 19.628 y la Agencia de Protección de Datos Personales puede sancionar. La pregunta que vale la pena responder no cambia: cuáles de los tratamientos actuales de su empresa calzarían hoy en una categoría de infracción.

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Estado
El Congreso despachó el proyecto el 17 de noviembre de 2026 (boletín 18.623-07): la Cámara de Diputados aprobó sin modificaciones el texto del Senado, que fija la vigencia el 15 de octubre de 2027, y el Senado lo envió al Presidente de la República. Falta su promulgación y publicación en el Diario Oficial; hasta entonces, la fecha legal sigue siendo el 1 de diciembre de 2026 (al 17 de noviembre de 2026).

La Ley 21.719 entra en vigencia el 1 de diciembre de 2026, y desde esa fecha la Agencia de Protección de Datos Personales puede aplicar multas de hasta 5.000 UTM por infracciones leves, 10.000 UTM por graves y 20.000 UTM por gravísimas (artículo 35, Ley 19.628). El Congreso despachó el 17 de noviembre de 2026 el proyecto del Gobierno que posterga ese inicio al 15 de octubre de 2027; mientras no se promulgue y publique, rige la fecha de 2026.

La multa no es toda la exposición. Las sanciones quedan consignadas en un registro público (artículo 39), la responsabilidad civil frente a los titulares corre por cuerda separada (artículo 34) y la reincidencia escala los montos. La empresa que se prepara a tiempo también gana algo concreto: la ley la premia con atenuantes expresas (artículo 36).

De dónde sale la fecha

La Ley 21.719 se publicó en el Diario Oficial el 13 de diciembre de 2024. Su artículo primero transitorio fija la entrada en vigencia de las modificaciones a la Ley 19.628 para el día primero del mes vigésimo cuarto posterior a la publicación: el 1 de diciembre de 2026. La misma ley ordenó preparar la fiscalización con anticipación: los reglamentos dentro de los seis meses desde la publicación y el Consejo Directivo de la Agencia designado seis meses antes de la vigencia (artículos segundo y cuarto transitorios).

El proyecto de postergación: qué cambia y qué no toca

El proyecto anunciado por el Gobierno (Mensaje N° 110-374) ingresó al Senado el 1 de septiembre de 2026 como boletín 18.623-07 y pasó a la Comisión de Constitución. El Gobierno le asignó urgencia suma y la renovó el 8 y el 22 de septiembre y el 6 de octubre. El 19 de octubre la comisión lo aprobó en general por unanimidad. En esa sesión el Ejecutivo se comprometió a ingresar urgencia inmediata, la comisión acordó preparar indicaciones con sus asesores para la discusión en particular y el exsenador Felipe Harboe propuso, entre otras mejoras, una aplicación escalonada que mantenga vigentes las normas sustantivas. El 21 de octubre lo hizo: el Mensaje N° 397-374 retiró la urgencia suma y la reemplazó por discusión inmediata. El 27 de octubre la Comisión de Constitución despachó su primer informe, con el proyecto aprobado en general y en particular, y la Comisión de Hacienda lo informó sin modificaciones. El 28 de octubre la Sala del Senado lo aprobó en general y en particular a la vez y lo despachó a la Cámara de Diputados (oficio N° 355/SEC/26).

El texto del Senado, que es el que despachó el Congreso, hace dos cambios. Primero, la entrada en vigencia se mueve del 1 de diciembre de 2026 a una fecha fija: el 15 de octubre de 2027 (el Mensaje proponía el 1 de diciembre de 2027). Segundo, el Consejo Directivo de la Agencia crece de tres a cinco consejeros, con quórum de tres para sesionar y renovación parcial cada dos años; la primera designación debe hacerse a más tardar nueve meses antes de la vigencia, con acuerdo de dos tercios del Senado y sin aprobación tácita, o proponerse al Senado dentro de diez días desde la publicación si faltan menos de doce meses. El Senado no aprobó la tercera propuesta del Mensaje, que extendía a todos los obligados la amonestación escrita del primer año.

La Cámara de Diputados dio cuenta del proyecto el 2 de noviembre y lo envió a sus comisiones de Constitución y de Hacienda, con discusión inmediata. La Comisión de Constitución lo aprobó en general por unanimidad el 4 de noviembre y, por cuatro votos contra tres, le agregó un numeral 4, respaldado por el Ejecutivo, que extendía la amonestación escrita del primer año a empresas de cualquier tamaño. La Comisión de Hacienda informó el 16 de noviembre. El 17 de noviembre la Sala aprobó el proyecto en general por 113 votos contra 27, con una abstención, y la nueva fecha de vigencia por 95 contra 46, y rechazó el numeral 4: 48 votos a favor, 60 en contra y 33 abstenciones. Así aprobó sin modificaciones el texto del Senado (oficio N° 21.476), y el Senado envió el proyecto al Presidente de la República el mismo día (oficio N° 378/SEC/26).

Para las empresas medianas y grandes, el resultado es concreto. El artículo sexto transitorio permite a la Agencia, durante los primeros doce meses de vigencia, sancionar con una amonestación escrita a las empresas de menor tamaño de la Ley 20.416, y esa regla no cambia. Una empresa que supera ese umbral enfrenta desde el primer día las multas del artículo 35. Aun para las empresas de menor tamaño, la amonestación es una facultad de la Agencia, no un derecho: la Agencia decide en cada caso si la aplica o impone la multa que corresponda, y la amonestación queda anotada en el registro público del artículo 39.

Falta que el Presidente de la República promulgue la ley y que se publique en el Diario Oficial. Si la modificación se publica antes del 1 de diciembre de 2026, la Ley 21.719 entrará en vigencia el 15 de octubre de 2027. La publicación también activa un plazo para la Agencia: como faltarán menos de doce meses, el Presidente debe proponer al Senado los cinco consejeros dentro de los diez días siguientes (artículo segundo transitorio del proyecto). Si la modificación no se publica antes del 1 de diciembre de 2026, la Ley 21.719 entra en vigencia ese día, tal como está escrita.

El contexto pesa tanto como el texto. Tres días antes de que el Gobierno firmara el proyecto, el 28 de agosto de 2026, la Contraloría tomó razón del Decreto Supremo N° 662, el reglamento del modelo de prevención de infracciones del artículo 49, y el Diario Oficial lo publicó el 9 de septiembre de 2026. El aparato de implementación por fin avanza; lo que el proyecto cambia es cuándo parte la fiscalización, no qué se exige.

Mientras la modificación no se publique, el 1 de diciembre de 2026 sigue siendo la fecha exigible. Y una postergación no cambia ningún deber de fondo: el inventario, las bases de licitud, los procedimientos de derechos y las medidas de seguridad son el mismo trabajo en cualquiera de las dos fechas. La empresa que congela su preparación a la espera del nuevo plazo solo pasa un año perdiendo la posición atenuante que la ley reconoce a quien se prepara temprano.

Las infracciones exigibles desde esa fecha

El artículo 34 de la Ley 19.628 clasifica las infracciones en leves, graves y gravísimas, y los artículos 34 bis a 34 quáter las enumeran. No son escenarios exóticos: varias describen prácticas rutinarias de empresas que nunca adaptaron sus tratamientos.

Leves: hasta 5.000 UTM

Deberes formales

Amonestación escrita o multa. Incluyen incumplir el deber de información y transparencia (artículo 14 ter), carecer de un canal de contacto actualizado y operativo para los titulares y responder tarde o en forma incompleta sus solicitudes de derechos (artículo 34 bis).

Graves: hasta 10.000 UTM

Tratar sin base de licitud

Incluyen tratar datos personales sin consentimiento ni otra base de licitud, o para un fin distinto; ceder datos sin consentimiento cuando este es necesario; e impedir u obstaculizar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición o portabilidad (artículo 34 ter).

Gravísimas: hasta 20.000 UTM

Conductas a sabiendas

Incluyen el tratamiento fraudulento; tratar o ceder a sabiendas datos sensibles o de niños, niñas y adolescentes en contravención a la ley; omitir en forma deliberada la comunicación de vulneraciones de seguridad; y las transferencias internacionales ilícitas a sabiendas (artículo 34 quáter).

Los topes no son el techo en todos los casos. Si la empresa no subsana las causales dentro de sesenta días, la multa cursada sube un 50%. La reincidencia permite a la Agencia aplicar hasta el triple del monto y, en empresas que superan el umbral de menor tamaño de la Ley 20.416, hasta el 2% o 4% de los ingresos anuales del giro por reincidencia grave o gravísima (artículo 35). El régimen completo está en sanciones y multas de la Ley 21.719.

El costo que no aparece en la multa

El artículo 39 de la Ley 19.628 crea el Registro Nacional de Sanciones y Cumplimiento: público, de acceso gratuito y electrónico. Una sanción no queda entre la empresa y la Agencia; pasa a ser verificable por clientes, bancos, aseguradoras y contrapartes en un due diligence. Y el artículo 34 explicita que la responsabilidad administrativa corre sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal frente a los titulares afectados.

Lo que la ley reconoce a quien se prepara

El artículo 36 enumera atenuantes expresas: la reparación unilateral, la colaboración con la Agencia, la ausencia de sanciones previas, la autodenuncia y el cumplimiento diligente de los deberes de supervisión acreditado con certificación. Esa certificación nace del modelo de prevención de infracciones del artículo 49: un programa de cumplimiento voluntario que exige, entre otros elementos, designar un delegado de protección de datos. La Agencia lo certifica e incorpora a las entidades certificadas al registro público (artículo 51).

La lógica es la misma que aplica la Ley 20.393 en materia penal: el programa es voluntario, sus efectos no. La empresa que documenta prevención antes de la infracción litiga desde una posición distinta a la que improvisa después.

El manual de ese modelo ya existe. El Decreto Supremo N° 662, del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial el 9 de septiembre de 2026, detalla qué debe contener el programa de cumplimiento: una caracterización de cada tratamiento (que un registro de actividades de tratamiento satisface), una matriz de riesgos graduada según la gravedad de las infracciones, protocolos, un canal de denuncia interna que resguarda la identidad del denunciante, sanciones internas y un delegado de protección de datos, cuya designación es obligatoria dentro del modelo. La certificación de la Agencia dura tres años renovables, y la implementación puede comenzar antes de la incorporación al registro. El detalle completo está en el modelo de prevención de infracciones.

Qué debe estar operativo el 1 de diciembre

  • Un inventario de los tratamientos de datos, cada uno con su base de licitud identificada: consentimiento (artículo 12) u otra fuente de licitud (artículo 13). Cómo elegir entre ellas se explica en consentimiento o interés legítimo.
  • Procedimientos y plazos para responder las solicitudes de acceso, rectificación, supresión, oposición y portabilidad de los titulares.
  • El deber de información y transparencia cubierto: política de privacidad disponible y canal de contacto operativo (artículo 14 ter).
  • Medidas de seguridad proporcionales al tratamiento (artículo 14 quinquies) y un protocolo para reportar vulneraciones a la Agencia sin dilaciones indebidas (artículo 14 sexies).
  • Contratos vigentes con los encargados de tratamiento que fijen instrucciones, finalidades y medidas de seguridad.
  • Una decisión documentada sobre designar un delegado de protección de datos y adoptar el modelo de prevención del artículo 49.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo entra en vigencia la Ley 21.719?

La fecha legal vigente es el 1 de diciembre de 2026: el artículo primero transitorio fija la entrada en vigencia para el día primero del mes vigésimo cuarto posterior a la publicación (13 de diciembre de 2024). El 17 de noviembre de 2026 el Congreso despachó el proyecto del Gobierno que reemplaza esa regla por una fecha fija, el 15 de octubre de 2027 (boletín 18.623-07), y el Senado lo envió al Presidente de la República. Mientras la modificación no se promulgue y publique en el Diario Oficial, rige el 1 de diciembre de 2026.

¿Qué cambia el proyecto de postergación?

El texto que aprobó el Senado el 28 de octubre de 2026, y que la Cámara de Diputados aprobó sin modificaciones el 17 de noviembre, hace dos cambios: posterga la entrada en vigencia al 15 de octubre de 2027, y amplía el Consejo Directivo de la Agencia de tres a cinco consejeros, con primera designación a más tardar nueve meses antes de la vigencia y acuerdo de dos tercios del Senado. El Mensaje original (N° 110-374) proponía el 1 de diciembre de 2027 y extender a todas las empresas la amonestación escrita del primer año. El Senado cambió la fecha y descartó esa extensión; la Comisión de Constitución de la Cámara la repuso, pero la Sala la rechazó. El proyecto no modifica ninguna obligación de fondo: cambia cuándo se fiscaliza, no qué se exige.

¿Qué falta para que la postergación sea ley?

Al 17 de noviembre de 2026 faltan la promulgación y la publicación. El Congreso terminó la tramitación ese día: la Cámara de Diputados aprobó sin modificaciones el texto del Senado y el Senado envió el proyecto al Presidente de la República (oficio N° 378/SEC/26). Ahora corresponde que el Presidente lo promulgue y que la ley se publique en el Diario Oficial. Si la modificación no se publica antes del 1 de diciembre de 2026, la Ley 21.719 entra en vigencia ese día, tal como está escrita.

¿La amonestación escrita del primer año reemplaza las multas?

No. El artículo sexto transitorio de la Ley 21.719 faculta a la Agencia para sancionar con una amonestación escrita durante los primeros doce meses de vigencia, solo a las empresas de menor tamaño de la Ley 20.416. Es una facultad de la Agencia, no un derecho de la empresa, y la amonestación se anota en el Registro Nacional de Sanciones y Cumplimiento (artículo 39). La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó extenderla a empresas de cualquier tamaño, pero la Sala rechazó ese cambio el 17 de noviembre de 2026, con 48 votos a favor, 60 en contra y 33 abstenciones. La regla se mantiene solo para las empresas de menor tamaño.

¿Cuáles son las multas máximas?

Hasta 5.000 UTM por infracciones leves, hasta 10.000 UTM por graves y hasta 20.000 UTM por gravísimas (artículo 35, Ley 19.628). Si la empresa no subsana las causales dentro de sesenta días, la multa cursada sube un 50%. La reincidencia permite aplicar hasta el triple del monto y, en empresas que no califican como de menor tamaño, hasta el 2% o 4% de los ingresos anuales del giro.

¿La ley aplica también a las pymes?

Sí. El artículo 33 alcanza a todo responsable de datos, sea persona natural o jurídica, de derecho público o privado. La ley reconoce la diferencia de tamaño en la dosificación: la Agencia debe fijar estándares y medidas diferenciadas considerando a las empresas de menor tamaño (artículo 14 septies), y las multas por porcentaje de ingresos solo aplican a empresas mayores.

¿Es obligatorio el modelo de prevención de infracciones?

No, es voluntario (artículo 49). Sus efectos no lo son: el cumplimiento diligente acreditado con la certificación de la Agencia es circunstancia atenuante (artículo 36 N° 5), y las entidades certificadas se incorporan al Registro Nacional de Sanciones y Cumplimiento, un registro público (artículos 39 y 51). Su reglamento (Decreto Supremo N° 662, de Hacienda) fue publicado en el Diario Oficial el 9 de septiembre de 2026 y detalla los elementos del programa, el rol del delegado de protección de datos y la certificación de tres años renovables.

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