¿Debo notificar una brecha de datos? ¿A quién y en qué plazo?
Sí, cuando la brecha genera un riesgo razonable para los titulares. El responsable debe reportarla a la Agencia de Protección de Datos sin dilaciones indebidas y avisar también a las personas afectadas si hay datos sensibles, datos de menores de 14 años o datos financieros o comerciales. Omitir el reporte o su registro es, por sí solo, una infracción.
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Esta página responde las preguntas operativas que impone una brecha de inmediato: el deber y su estándar, a quién hay que avisar y qué contiene la comunicación, qué pasa si se guarda silencio, cuándo el incidente es además un delito y cómo estar preparado para que el plazo sea manejable. Cierra con las preguntas que surgen en la primera hora de un incidente.
El deber y su estándar
La obligación no es investigar primero y reportar después. Es reportar con prontitud, sobre un estándar que la ley fija en palabras, no en horas.
El artículo 14 sexies de la Ley 19.628, según la Ley 21.719, exige al responsable reportar a la Agencia, cuando exista un riesgo razonable para los derechos y libertades de los titulares, las vulneraciones a las medidas de seguridad, por los medios más expeditos posibles y sin dilaciones indebidas. Es un estándar de conducta, no un reloj fijo, y es exigente justamente por ser abierto: la ley no fija desde cuándo se cuenta, pero la dilación se evaluará razonablemente desde que se conoce la brecha, y una respuesta lenta o dubitativa es difícil de justificar a posteriori.
La primera decisión dentro de esa ventana es a quién hay que avisar.
A quién se notifica
A la Agencia se reporta cuando la vulneración genera un riesgo razonable para los titulares. Si además hay que avisar a las personas afectadas depende de la naturaleza de los datos comprometidos.
La Agencia, cuando hay riesgo razonable
Se reporta a la Agencia de Protección de Datos toda vulneración de las medidas de seguridad que genere un riesgo razonable para los derechos y libertades de los titulares, por los medios más expeditos posibles y sin dilaciones indebidas. El umbral no es el número de registros afectados sino ese riesgo, y conviene dejar por escrito la evaluación cuando se decide no reportar.
Los titulares, cuando más importa
El responsable debe comunicar también a las personas afectadas cuando la brecha recae sobre datos sensibles, datos de niños y niñas menores de 14 años, o datos sobre obligaciones económicas, financieras, bancarias o comerciales, justamente las categorías donde el daño a la persona es mayor.
Cada comunicación debe quedar registrada, con la naturaleza de la vulneración, sus efectos, las categorías de datos, el número aproximado de titulares afectados y las medidas adoptadas para gestionarla y prevenir incidentes futuros. El aviso a los titulares se redacta en lenguaje claro y sencillo, singulariza los datos afectados, sus posibles consecuencias y las medidas adoptadas, y se envía a cada titular; si no es posible, se publica un aviso en un medio de comunicación masivo de alcance nacional (artículo 14 sexies).
Guardar silencio no es una opción neutra; es una infracción propia y distinta.
El costo de no reportar
La omisión de notificar se sanciona por derecho propio, y la exposición no siempre se detiene en el plano administrativo.
Una infracción sancionable
Omitir la comunicación o el registro de una brecha es infracción grave, con multa de hasta 10.000 UTM; si la omisión es deliberada, es gravísima, con multa de hasta 20.000 UTM. Ver sanciones y multas.
Cuando la brecha es delito
Si media acceso ilícito o un ataque a los datos o sistemas, puede ser un delito informático de la Ley 21.459. Ver la exposición penal frente a ciberincidentes.
Un asunto de directorio
El manejo de la brecha cae dentro del deber de cuidado del directorio. Ver la responsabilidad del directorio ante la Ley de Datos.
Nada de esto es manejable en tiempo real sin una preparación hecha de antemano.
Estar listo antes de que ocurra
El estándar de reporte solo es alcanzable si la base de seguridad y respuesta ya existe.
- Medidas de seguridad adecuadas al riesgo, como exige el artículo 14 quinquies, para que las brechas se detecten en vez de descubrirse tarde.
- Un plan de respuesta a incidentes que defina quién decide, cómo se evalúa la gravedad y qué se comunica, para que la notificación sea un paso, no una improvisación.
- Contratos con encargados que les exijan reportar de inmediato toda vulneración al responsable (artículo 15 bis).
- Un diagnóstico previo de brechas frente a la ley, para entender el deber antes de que se active. Ese es el sentido de un diagnóstico de la Ley de Datos.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una brecha de datos personales?
Es una vulneración de las medidas de seguridad que provoca la destrucción, filtración, pérdida o alteración de datos personales, o su comunicación o acceso no autorizados (artículo 14 sexies). No exige un ciberataque: un correo enviado al destinatario equivocado, un respaldo extraviado o un acceso indebido de un empleado también son brechas.
¿A quién se notifica una brecha de datos?
A la Agencia de Protección de Datos, cuando la vulneración genera un riesgo razonable para los derechos y libertades de los titulares. Además, a los titulares afectados cuando la vulneración recae sobre datos sensibles, datos de niños y niñas menores de 14 años o datos sobre obligaciones económicas, financieras, bancarias o comerciales (artículo 14 sexies).
¿En qué plazo hay que reportar?
La ley no fija un número exacto de horas: exige reportar por los medios más expeditos posibles y sin dilaciones indebidas (artículo 14 sexies). Tampoco dice desde cuándo se cuenta, pero la dilación se evaluará razonablemente desde que la empresa conoce la vulneración, no desde que termina de investigarla. Por eso conviene tener una capacidad de respuesta ya montada.
¿Qué pasa si no notifico?
Omitir la comunicación a la Agencia o a los titulares, o no llevar el registro de las vulneraciones, es una infracción grave (artículo 34 ter, letra k), con multa de hasta 10.000 UTM. Si la omisión es deliberada, la infracción es gravísima (artículo 34 quáter, letra f), con multa de hasta 20.000 UTM (artículo 35). La Agencia fija además medidas correctivas que deben adoptarse en un plazo de hasta 60 días, bajo recargo de 50% de la multa. A esa exposición se suma el costo reputacional de que la omisión salga a la luz por otra vía.
¿Una brecha de datos puede ser además un delito?
Sí. Si la vulneración proviene de un acceso ilícito, una interceptación o un ataque a la integridad de los datos o los sistemas, el hecho puede constituir un delito informático de la Ley 21.459, con responsabilidad penal para las personas naturales y, vía Ley 21.595 y el catálogo de la Ley 20.393, para la empresa. El reporte administrativo y la respuesta penal se gestionan en paralelo.
¿Cómo se cumple el estándar sin improvisar?
Con las medidas de seguridad adecuadas al riesgo que exige el artículo 14 quinquies y con un plan de respuesta a incidentes definido antes de necesitarlo: quién decide, cómo se evalúa la gravedad, qué se comunica y a quién. Sin ese plan, el deber de reportar sin dilaciones indebidas es muy difícil de cumplir en el momento.
Fuentes oficiales
- Ley 19.628 según la Ley 21.719, artículos 14 quinquies (medidas de seguridad), 14 sexies (reporte de vulneraciones) y 35 (multas): BCN/LeyChile
- Ley 21.719 sobre Protección de Datos Personales (reforma y vigencia): BCN/LeyChile
- Ley 21.459 sobre Delitos Informáticos (cuando la brecha es además delito): BCN/LeyChile
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